El mandato fue decretado bajo la Ley 16-19, entró en vigencia con su promulgación y publicación, y aplica a todo el territorio nacional.

De acuerdo a la ley serán sancionados “con la pena de cinco a diez salarios mínimos del sector público, a los propietarios de lugares públicos y privados que permitan o toleren el uso de hookah en sus establecimientos”.

La Procuraduría General de la República es la responsable de la ejecución y el cumplimiento de la ley; según el documento que compartió el vocero de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, a través de su cuenta de Twitter.

(NoticiasSIN)