Hubieres aseguró que en las supuestas gestiones para liberar a Quevedo, Erickson de Los Santos y otros acusados, están el ex presidente Leonel Fernández, el presidente de la SCJ, el ex procurador Radhames Jimenez;, el canciller Miguel Vargas, entre otros.
“Se ha querido desmentir que esta gente no tiene vínculos, que no son sicarios, pero este cheque de 50 mil pesos que le dio Arsenio a Erickson, un día antes de que matardan a los compañeros de Unatrafin, es una de las pruebas”, afirmó.
Hibieres también atribuyó a la supuesta banda de sicario que alegadamente encabeza Quevedoel crimen del abogado Juniol Ramírez; tras definir estos como “crímenes de Estado”.
“Desde el 2007 yo vengo denunciando resistencia de esa banda sicarial pagada por el Estado, auspiciada por el Estado, desde Ignacio Ditrén, desde el vicepresidente, desde el presidente, aunque tal vez no lo supiera”, denunció.
Aseguró que se trata de un problema del Estado contra un sector “que ha demostrado que no se vende, ni se manda, ni se arrodilla”.
“Tenemos muchos defectos, pero no perjudicamos, no matamos, no asesinamos y no nos vendemos por cuartos, ni por cheles, ni por nada”, sostuvo.
El abogado de las víctimas Manuel Soto Lara negó que el Tribunal haya recazado muchas pruebas en el proceso, tras afirmar que sólo se rechazaron las pruebas de Lavado de activos, estafa, en Instrucción, y una sola Actas allanamientos, pero que ellos presentaron 35 pruebas y sólo han descarado dos, y que 33 vinculan a Quevedo y a los demás en esos hechos.
De su su lado, el abogado de los acusados, Plutarco Jaques, acusó a Hubieres de traer una turba al Palacio de Justicia para presión se a los jueces; lo que a su juicio indica que los querellantes no tiene razón ni pruebas; tras indicar que un cheque ni dos vinculan a De Los Santos, ya que este está era el 1er vicepresidente de Unatrafin y no trabajaba de gratis.
El Segundo Tribunal Colegiado de continuú conociendo el caso Quevedo y demás implicados en supuestos actos de sicariatos, cometidos en el 2015.
(ElCaribe)