El director de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Santana, aclaró este martes que el traslado de los imputados en el caso SENASA al Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras no constituye un privilegio, sino una medida estrictamente orientada a garantizar su integridad y seguridad.
Santana explicó que, aunque la orden judicial dispuso su envío al centro de Najayo, el área de máxima seguridad de ese recinto se encontraba completamente ocupada. Esta situación obligaba, de no tomarse otra decisión, a integrar a los imputados con la población común, lo que —dijo— representaba un riesgo real para su seguridad debido al alto nivel de exposición pública del caso. Ante ese escenario, se optó por su reclusión en un área de aislamiento en Las Parras, que opera bajo el mismo modelo penitenciario reformado que Najayo.
El funcionario subrayó que las condiciones en las que se encuentran los imputados son más restrictivas que las del resto de la población penitenciaria. Precisó que permanecen aislados, con solo una hora diaria de patio y sol, sin acceso a actividades recreativas ni convivencia con otros privados de libertad, lo que descarta cualquier trato preferencial.
Asimismo, durante una entrevista ofrecida en el programa de televisión Teleatutino 11, Santana negó versiones sobre supuestos traslados por razones médicas como vía para su eventual liberación. Indicó que los imputados se mantienen en condiciones de salud estables, cuentan con atención médica regular y que ninguno de sus médicos personales ha solicitado evaluaciones especiales. Finalmente, reiteró que el sistema penitenciario mantiene el control del proceso y continúa avanzando en la transformación del modelo tradicional al reformado, con acciones para combatir la corrupción y fortalecer la disciplina institucional.
El caso SENASA se origina a partir de una investigación del Ministerio Público sobre presuntas irregularidades administrativas y financieras vinculadas al Servicio Nacional de Salud y al Seguro Nacional de Salud, relacionadas con el uso indebido de recursos públicos, procesos de contratación y posibles actos de corrupción. La investigación dio lugar al sometimiento judicial de varios exfuncionarios y proveedores, quienes fueron imputados por supuestos delitos que incluyen fraude al Estado, asociación de malhechores y violaciones a la normativa de compras y contrataciones.
Como parte del proceso judicial, los imputados fueron enviados a prisión preventiva mientras se desarrollan las pesquisas, lo que generó debate público sobre las condiciones de su reclusión y la decisión de ubicarlos en centros del modelo penitenciario reformado. Las autoridades penitenciarias han explicado que las medidas adoptadas responden a criterios de seguridad e integridad física, y no a privilegios, en un caso que ha tenido amplio impacto social por involucrar una institución clave del sistema de salud y seguridad social del país.