Lo que el Poder Judicial, la Defensa Pública y el Ministerio Público no han cuantificado, sí lo tienen establecido los abogados privados: los costos para llevar un proceso judicial en la República Dominicana.

Para una persona enfrentarse a un proceso ya sea penal, civil, administrativo o tributario incurre en gastos que oscila entre los 5,000 pesos hasta los 1,000 dólares por hora, lo cual depende de la naturaleza o etapa.

En lo que tiene que ver con la justicia penal donde más se evidencian las debilidades del sistema judicial, para subir a conocer una medida de coerción los abogados pueden pedir entre cinco mil pesos hasta millones, para lo que toman en cuenta el tipo de caso, su complejidad y si se está frente a un imputado principal, secundario o terciario.

La vía alternativa

El jurista Carlos Salcedo explicó que cuando se inició el programa de modernización de la justicia, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) con apoyo de la entonces Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), el Poder Judicial y varias instituciones del Estado, realizaron una investigación en la que se estimó el costo de un proceso, y eso sirvió de base para que en la modificación del Código Procesal Penal se fortalecieran los medios alternos de resolución de conflictos.

“Propiciamos la necesidad de medir en términos económicos cuánto le costaba al Estado dominicano y a los particulares, como imputados o como demandantes o como demandados, entrar a un proceso judicial para, de alguna manera, tener conciencia de cómo acudir a resolución alternativa de disputas”, dijo Salcedo al referir que ese estudio realizado entre 1999 y el 2000, reveló que impartir justicia tenía unos costos que oscilaban entre los 5,800 dólares por instancia.

“Eso lo propiciamos precisamente para vender la idea y poder capitalizar la necesidad de medidas alternativas, que parimos en el Código Procesal Penal, precisamente sobre la base del costo que le significa en tiempo, en dinero al Estado dominicano y los particulares acudir al sistema de justicia”, enfatizó.

Depende del caso

Destacó que no es lo mismo un caso de corrupción a uno de delincuencia organizada, ni el de un delito económico grande a un caso de robo simple o abuso de confianza. Y, que no es lo mismo la estafa ordinaria a una contra el Estado o una de carácter societario.

Harold Aybar, también es de criterio de que si el Estado tiene estimado el costo de un proceso judicial tendría un elemento base para educar a la población respecto a la conveniencia de recurrir a medios alternos de resolución de conflictos.

“Sin embargo, se debe observar que en los casos denominados de alto perfil, el llegar a soluciones alternas no se ha traducido en unos procesos menos extensos. De hecho, muchos imputados han tenido que atravesar todo el tránsito procesal, para que al final se le reconozca su acuerdo”, refirió.

Si saben el costo, optan por acuerdo

Thiaggo Marrero es de criterio de que el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) debería desarrollar junto a los actores del sistema judicial, una campaña sobre el costo de un proceso e incentivar vías alternativas de solución muchas no comprenden el costo del servicio de los abogados y se sorprenden del costo de los procesos.

“Si la gente tuviera claro el costo de los procesos, a mi entender, preferiría buscar otras soluciones e incluso disminuir la tendencia litigiosa por cualquier mínimo asunto, lo que puede contribuir a disminuir la conflictividad social”, refirió.

Marrero describió que los procesos penales complejos y largos son altamente desgastante para los abogados porque deben dedicar un tiempo significativo en las audiencias y preparando el caso fuera de esta, debiendo descuidar otros asuntos de sus oficinas y de sus vidas privadas, lo que genera conflictos y situaciones que se traducen en más estrés y ansiedad para estos abogados.

“En el caso de los imputados es peor porque su libertad y su vida giran enteramente entorno al proceso, mermando significativamente sus ingresos y su tiempo disponible”, sentenció.

La más costosa

Claudio Stephen refirió que la materia penal es el área más cara de ejercicio, cuando de procesos de alto perfil se trata, es decir, corrupción administrativa, lavado de activos o casos que involucran a actores políticos.

En los casos en donde el imputado decide conformar una barra de defensa con profesionales de distintas oficina, dijo que el costo resulta mucho mayor ya que la tarifa dependerá de la negociación y el rol que tendrá cada uno.

“Cada vez más, hay un aumento de abogados que entendemos que a veces lo más importante para un cliente es transar, llegar a un acuerdo con el Ministerio Público”, señaló Stephen al referir que la cultura de llegar a acuerdos con el órgano acusador, sin tener que ir a juicio, es relativamente joven.

Debido a los costos que se pueden incurrir en procesos penales, muchos procesados que comienzan los casos pagando abogados privados, en algunos casos desisten de ellos y en otros son abandonados debido a que no honraron o no pudieron honrar sus compromisos económicos, la asistencia corresponde a la Defensa Pública.

La mayor cantidad de casos de conflictividad social que conocen los tribunales penales son asumidos por la Defensa Pública pero esa entidad no solo asiste a personas, también a empresas, a partir de órdenes judiciales derivadas de los procesos complejos promovidos por el Ministerio Público desde el año 2020. La Suprema Corte de Justicia ratificó una sentencia que ordena dar asistencia legal a personas jurídicas que así lo requieran.

“Mucho se cree que los abogados están desproporcionados en sus honorarios, sin embargo, durar atado 5 años a un expediente: dos y tres días a la semana. Te resta la oportunidad de llevar otros expedientes menos extensos y con mayor rentabilidad en el tiempo”, explicó Aybar sobre las tarifas de los abogados a la hora de asumir la defensa de un procesado.

Costo hace más de 20 años

Al hablar de los costos estimados unos 25 años atrás, Salcedo dijo recordar que unos estudios que hablaban de que en una primera instancia en la cámara penal, en seis meses, un tribunal de primer grado consumía cerca de 11 millones de pesos en los casos que manejaba.

La jueza coordinadora de los juzgados de instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, describió los aspectos que se deben tomar en cuenta para cuantificar o estimar cuánto invierte la Procuraduría General de la República y la judicatura en los procesos penales.

Entre los aspectos a tomar en cuenta están solicitudes de autorización judicial, solicitudes de actuaciones o diligencias procesales, órdenes de arresto, gastos para hacer operaciones en cubierto, gastos para hacer allanamientos, memorias externas con terabyte de capacidad, citación, notificación, acusación, copias a acusación, costo de paralegales, oficinistas, alguaciles, gastos administrativos, horas extras, contratación de peritos, entre otros elementos.