El 287(g) ha sido ampliado así de una a 18 entidades en Texas. El condado urbano más grande en adoptarlo es Tarrant, en el norte de Texas.

Otras jurisdicciones se han mantenido al margen y Harris, el más poblado del estado, lo canceló este año.

La alianza con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que ha provocado el rechazo de activistas proinmigrantes en el pasado, se implementará en las cárceles para identificar a quienes podrían estar en el país indocumentados.

El director interino de ICE, Thomas Homan, y el sheriff del condado de Jackson, A.J. Louderback, enfatizaron que el 287(g) busca evitar que delincuentes indocumentados sean dejados en libertad.

“Ayuda a la seguridad pública porque reduce significativamente la probabilidad de que un extranjero removible sea liberado de nuevo en la comunidad”, señaló Hamon, quien acudió al acto realizado durante la convención de la Asociación de Sheriff de Texas.

El programa ha sido criticado por activistas que alegan que genera desconfianza entre los uniformados locales y las comunidades inmigrantes. De acuerdo con el American Immigration Council ha resultado costoso en el pasado y no ha tenido el enfoque en quienes cometen delitos de gravedad.