Por medio de amenazas a las principales radios y televisoras del país, el régimen de Nicolás Maduro prohibió utilizar las palabras ‘consulta popular’ –hace un par de meses ordenó lo mismo con la palabra ‘dictadura’– para referirse al plebiscito que se celebrará este domingo en Venezuela organizado por la oposición.

También ordenó desde ese día, a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), retirar toda la publicidad de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que llama a la consulta que la dirigencia opositora ha bautizado como “el mayor acto de rebelión ciudadana”, cuando ya se cumplen 115 días de protestas.

Unas medidas que difícilmente podrán matizar o evitar el impacto del plebiscito si acaso se cumplen las proyecciones de las encuestadoras Daticorp y Datanálisis. La primera asegura que 8,8 millones de venezolanos tienen la intención de participar en la consulta popular, mientras que la segunda –según datos ofrecidos por el gobernador Henrique Capriles– señala que hasta 11 millones de personas lo harían.

En una jugada política sin precedentes, la oposición, sin apoyo del Consejo Nacional Electoral (CNE), aseguró que instaló 14.304 mesas en 2.032 “puntos soberanos” en los que todo venezolano mayor de edad podrá, a través de un proceso manual, opinar sobre tres temas: si está de acuerdo o no con la constituyente; si emplazará a la Fuerza Armada Nacional a respetar la Constitución, y si está dispuesta a un proceso electoral total para renovar los poderes públicos. Fuera de Venezuela, la MUD estableció 612 mesas en 532 ciudades de 82 países.

Para contrarrestar una previsible avalancha opositora en las calles, el gobierno –este sí con el apoyo logístico del CNE– realizará también este domingo un simulacro nacional de elección de los posibles miembros de la constituyente, pautada formalmente para el 30 de julio.

El régimen bolivariano ha dicho que la consulta popular es un proceso ilegal sin efectos vinculantes, convocado por una Asamblea Nacional “en desacato” y sin aval del CNE.

La oposición, que se ha declarado en “desobediencia civil” –una prerrogativa establecida en la Constitución– se ampara en el artículo 71, el cual establece que “las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referéndum consultivo por iniciativa de (…) la Asamblea Nacional con el voto de la mayoría de los diputados (entre otros)”.

Es un acto insurreccional con gran sentido político, y eso debemos tenerlo claro

Hasta ahora, la iniciativa ha sido apoyada públicamente por casi todos los sectores de trabajadores del país, desde federaciones de transportistas hasta asociaciones de médicos e ingenieros. Los rectores de las principales universidades son incluso parte del proceso como encargados de ofrecer los resultados del conteo, y la Iglesia, representada en la Conferencia Episcopal Venezolana, ha dicho que la consulta es “constitucional y pacífica”.

Éxito o fracaso

Por ser un proceso convocado por la oposición y “en rebeldía”, se estima que la gran mayoría de los participantes votarán contra la constituyente (sí, a las tres preguntas), pero no hay un límite numérico –alto o bajo– que marque claramente el éxito de la consulta.

Algunos expertos aseguran que la capacidad instalada por la oposición podría recolectar poco más de 9 millones de votos, aunque el Registro Electoral –que tampoco se utilizará como base– registra a más de 19 millones de venezolanos.

En cualquier caso, la dirigencia opositora ha señalado que el plebiscito trasciende el tema estadístico.

“Es un acto insurreccional con gran sentido político, y eso debemos tenerlo claro”, ha asegurado reiteradas veces el dirigente opositor Freddy Guevara.

“En definitiva, casi cualquier número que se obtenga es bueno”, explica la profesora en teoría política Colette Capriles, “aunque no hay ningún mecanismo confirmatorio de los números, no hay un éxito cuantitativo más allá de los votos a favor o en contra, por lo que la eficacia se medirá en términos de movilización. El plebiscito recupera y trata de revalorizar las protestas de todos estos días, y, dependiendo de la atmósfera política que cree la oposición, tendrá más o menos capacidad de empujar nuevas decisiones”.

Unas decisiones que, con el primerísimo objetivo de frenar la constituyente, apuntan a paros nacionales escalonados desde 12 hasta 72 horas, según ha dicho el opositor Capriles. “Estas son horas cruciales”, señaló.

Además de generar mayor presión en la calle, la consulta popular podría dar a la dirigencia opositora un mayor peso político frente al gobierno.

“Nadie duda de que viene un período de inestabilidad si el gobierno instala la constituyente, pero si la oposición logra mostrar músculo con una participación masiva, podría ser realmente preocupante para Maduro, pues además del rechazo a la constituyente habrá implicado que la oposición tiene capacidad de organización. Esto no termina aquí”, destaca la profesora Capriles.

Se espera que la presencia de los expresidentes Andrés Pastrana, Vicente Fox (México), Laura Chinchilla (Costa Rica), Jorge ‘Tuto’ Quiroga (Bolivia) y Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica) sirva de acompañamiento y garantía de participación de la comunidad internacional en el proceso.

‘No tengan miedo’

Los rectores de las principales y más grandes universidades venezolanas anunciaron que para esta misma noche darán los resultados de la consulta. Dependiendo de la afluencia de participantes, las mesas cerrarán a las 4 de la tarde o después, si hay fila.

Como garantes de la transparencia del proceso, advirtieron que destruirán los cuadernos donde firmen los votantes para evitar que los datos puedan ser utilizados por el gobierno venezolano para extorsionar a los funcionarios públicos. Así ocurrió en el 2004, cuando decenas de trabajadores públicos que firmaron para solicitar el referéndum contra Hugo Chávez fueron despedidos de sus trabajos, y volvió a suceder el año pasado con los firmantes del referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro.

Los académicos tuvieron especiales palabras para la prensa, específicamente para los dueños de los medios, a quienes llamaron a permitir una cobertura del proceso total y sin autocensura, a pesar de las presiones. “Es esta la hora para ejercer la responsabilidad en la comunicación social, es esta la hora de anteponer el deber a cualquier otro tipo de interés y es la hora de comprometerse con el cambio en Venezuela”, dijo el rector de la Universidad Católica, José Virtuoso.

Las tres preguntas

1. ¿Rechaza y desconoce la realización de una constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo de Venezuela?

2. ¿Demanda a la FAN y a todo funcionario público obedecer y defender la Constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional?

3. ¿Aprueba que se proceda a la renovación de los poderes públicos de acuerdo con lo establecido en la Constitución y la realización de elecciones libres y transparentes, así como la conformación de un gobierno de unión nacional para restituir el orden constitucional?