A Karla Raquel García Cáceres, de 17 años, el Estado de ElSalvador le practicó un legrado en un hospital nacional en laperiferia de San Salvador, la capital, luego de que la menor sufrió unaborto en una penitenciaría juvenil en la que la policía la había metidoun mes antes acusándola de pertenecer a pandillas. La intervención médicaconsta en un documento judicial al que Infobae ha tenido acceso y elcual confirma información sobre este caso que el gobierno de El Salvador se haempeñado en negar en el contexto de múltiples señalamientos por violacionesa los derechos humanos durante un régimen de excepción decretado por elpresidente Nayib Bukele hace un año.
Fue el 22 de julio de 2022, poco más de un mes despuésde que dos soldados la detuvieron en una aldea costera en el oeste de ElSalvador que Karla Raquel fue trasladada desde el reclusorio en el que lahabían ingresado hasta el Hospital Nacional San Bartolo, en la periferiade la capital San Salvador, para practicarle un procedimiento conocidocomo Aspiración Manual Intrauterina (AMEU), según consta en un oficiojudicial anexo al caso que el Estado salvadoreño le abrió a Karla porasociaciones ilícitas y al que Infobae tuvo acceso. El AMEU es una técnicamédica para retirar el contenido del útero tras un aborto incompleto, según unaginecóloga consultada.
Cuando Karla Raquel fue detenida tenía entre cuatro ycinco semanas de embarazo de acuerdo con una prueba casera que, segúntestimonios de la familia, la joven se había hecho horas antes del arresto. Nohay prueba documental del embarazo, pero sí del legrado que médicos empleadospor el gobierno de El Salvador le hicieron un mes después.
El documento en que consta el AMEU es la respuesta a unrecurso de habeas corpus que la madre de Karla Raquel, AnataliaCáceres, introdujo en la Corte Suprema de Justicia en octubre de 2022y que el supremo resolvió hasta el 20 de enero de este año. “De acuerdo concertificación médica de fecha de noviembre de 2022, suscrita por médicos delHospital Nacional Angélica Vidal de Najarro, San Bartolo, la adolescente fueingresada el día 22 de julio de 2022 por aborto espontáneo incompleto, serealizó AMEU, y se dio de alta al día siguiente”, dice el oficio judicial.
Cuando presentó el recurso de habeas corpus, AnataliaCáceres alegó que el Estado salvadoreño había detenido a su hija de formailegal y violenta. Según el relato escrito por la mujer, y ampliado en variasconversaciones con Infobae, dos soldados uniformados llegaron a la casafamiliar en el caserío Las Tablas de Sonsonate el 18 de junio de2022 a las 8:30 de la mañana a bordo de un vehículo negro con matrículaparticular. En el lugar arrestaron a dos jóvenes que esperaban el autobús delservicio colectivo, una de ellos es Karla Raquel y el otro un hombre noidentificado. Al arrestar a la joven, los soldados la golpearon: uno deellos le dio un rodillazo en la espalda y la hizo caer sobre el piso de tierray piedras, según el relato de una de sus hermanas que fue testigo de lascapturas.
Aborto Karla García Cáceres. Documento del
La madre de la menor alegó, ante la Corte Suprema, quefueron aquellos golpes, y el hecho de que Karla Raquel norecibió atención médica adecuada al estar bajo custodia de agentes delEstado, las causas del aborto espontáneo que, escribe la mujer en su peticiónlegal, puso en riesgo la vida de su hija.
Jaime Ernesto Zavaleta, cuñado de Karla Raquel y vocerofamiliar, asegura que “los soldados la golpearon… le dieron un rodillazo en laespalda, la esposaron y eso fue lo que le causó el aborto”.
Consultado sobre este caso, el Consejo Internacionalpara la Rehabilitación de Víctimas de Tortura (IRCT), con sede enDinamarca, emitió una “opinión de experto sobre las potenciales causas de lapérdida de Karla Raquel García Cáceres”.
“Es nuestra opinión que el trauma físico experimentadopor la señorita García Cáceres durante su arresto puede ser un factorcontribuyente en su aborto espontáneo. Estudios médicos demuestran que eltrauma físico, dependiendo de su severidad, puede causar o contribuir a un abortoespontáneo en cualquier momento del embarazo. También hacemos notar que hayestudios que han demostrado que mujeres detenidas presentan índices másaltos de afectaciones perinatales, incluido el aborto espontáneo, debido acondiciones pobres de higiene, altos niveles de estrés, exposición a violenciay abuso, y deficiente atención sanitaria. En el caso de la señorita GarcíaCáceres, el asalto físico por sí mismo o en combinación con su detenciónpuede haber conducido a la pérdida del embarazo”, dice IRCT en una nota fechadael 22 de marzo de 2023.
En su resolución, la CSJ salvadoreña, cuyos magistradosfueron nombrados por diputados oficialistas leales a Bukele tras la destituciónilegal de sus antecesores, negó el habeas corpus a la madre de KarlaRaquel porque, dicen, la mujer no pudo probar “el estado de gravidez” en que seencontraba la menor al ingresar a prisión. En la misma resolución, sin embargo,la misma corte se refiere al legrado que se le practicó a la joven embarazada.
“Si se estableció que hubo aborto significa que habíaembarazo. Es contradictorio entonces que la Corte diga que no se pudo comprobarel estado de gravidez”, dijo a Infobae un abogado defensor queconoce de cerca el caso de Karla Raquel.
Desde finales de 2022, el caso judicial contra Karla Raquelestá en un tribunal de apelaciones en Santa Ana, capital provincial en eloccidente de El Salvador. De acuerdo con una fuente judicial familiarizada conel caso, una de las juezas que lleva el proceso en la actualidad ha pedido al menosdos veces todo el expediente médico al centro de resguardo donde la menor estádetenida, pero lo único que de ahí le han enviado es una certificación deexámenes médicos practicados en noviembre pasado, cuatro meses después delAMEU, según los cuales el estado de salud de la joven es bueno. Ni siquiera lajueza que lleva el caso tiene toda la información médica a su disposición.
Roxana Cardona es la abogada defensora que retomó el caso deKarla Raquel en la etapa de apelación. Entre las irregularidades con las que seha encontrado es que no se ha llamado a todos los testigos posiblespara determinar qué pasó con el embarazo y el aborto de la adolescente. Tambiénle parece extraño que el centro de resguardo no ha mandado el expedienteclínico: “Solo dicen que ella está bien, y la señora jueza (de apelación) havuelto a solicitar esos informes... Yo estoy esperando que eso vuelva”, dijoCardona.
Que ni la defensa ni la jueza hayan tenido hasta ahoraacceso al expediente médico completo que por ley debe de llevar el Centro deResguardo para Menores Virginia Pelletier, que es como se se llama la cárceldonde está Karla Raquel, es la principal irregularidad en este caso, según laabogada Cardona.
“En el artículo 8 del reglamento interno (de centros deresguardos para menores) se establece que todo menor cuando ingresa a un centrode resguardo debe ser examinado para comprobar si tiene algo malo, paraverificar cualquier estado físico o mental que requiera algún tratamientoespecial. Ahí tenían que haberle visto que ella estaba embarazada... Nosotrosno sabemos si lo hicieron porque no nos han dado el expediente aún”, insisteCardona.
Karla Raquel García Cáceres es una de los 1.082 menores deedad a los que el gobierno de Nayib Bukele había metido presos entre el 27de marzo de 2022, cuando el presidente decretó por primera vez el régimen deexcepción tras la ruptura de su pacto de gobernabilidad con las pandillasMS13 y Barrio 18, y el 31 de agosto de ese año. En febrero de 2023, la nogubernamental Human Rights Watch (HRW) publicó una base de datos dela Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC) en la que constan las cifras dejóvenes detenidos, así como la causa de la mayoría de esos arrestos:asociaciones ilícitas, una figura delictiva que la Fiscalía General de ElSalvador (FGR) suele justificar únicamente con testimonios de los uniformadosque hicieron los arrestos.
En el caso de Karla Raquel, de acuerdo con una fuentejudicial que conoce de cerca el proceso en contra de ella, la primeraresolución de la jueza que sirvió para mantener a la menor en prisión sebasó en un acta policial firmada por agentes de la PNC que no estuvieronpresentes al momento del arresto. Según consta en lo escrito en el recursode habeas corpus presentado al CSJ como en los relatos de una de lastres hermanas y la madre de Karla Raquel, las dos familiares que estuvieronpresentes cuando ocurrió la detención, los agentes captores fueron dos soldadosdel Destacamento Militar número 6, no los policías que firmaron el actacon que la jueza ha justificado la estadía de Karla Raquel en el Centro deResguardo para Menores Rosa Virginia Pelletier.
“Estamos hablando de una niña de 16 años de una comunidadvulnerable que se encontraba embarazada al momento de la detención. Lossoldados la golpearon en la espalda y la detuvieron sin orden judicial. Amenazarona la madre con detenerla si hacía preguntas sobre su paradero. Luego, Karlaperdió su embarazo bajo custodia policial y las autoridades no notificaron a sufamilia. Estamos frente a una violación de derechos humanos fundamentales,tales como a la libertad personal y a la integridad”, aseguró JuanPappier, subdirector en funciones para las Américas de HRW.
HRW y otras organizaciones defensoras de derechos humanos enEl Salvador, como Cristosal, así como medios de prensa independientes, handocumentado decenas de casos con características similares al de Karla Raquelen los que hubo violencia a la hora del arresto y en el que la únicaacusación es el alegato vago de asociaciones ilícitas. Si la historia deesta menor trascendió entre las de miles de jóvenes arrestados durante elrégimen de excepción fue porque Anatalia Cáceres le reclamó en público alpresidente Nayib Bukele.
En boca del presidente
Anatalia Cáceres aún hila despacio los recuerdos que tienedel día en que los soldados se llevaron a Karla Raquel. Poco antes, la menor desus cuatro hijas le había dicho que estaba embarazada. Quizá por eso Anataliaencomendó a otra de sus hijas que también vive con ella en la casa de concreto enel cantón Las Tablas que pusiera atención especial a Karla. Anatalia recuerdalos gritos que la obligaron a salir de su cuarto la mañana del 18 de junio de2022. Lo que vio en la calle la descontroló.
Los soldados habían reducido a un joven que estaba cerca ylo había tirado a la parte trasera del pickup color negro con matrículaparticular en el que habían llegado. Cuando Anatalia salió, Karla estabaya hincada y maniatada. La mujer, presa de un ataque de nervios, pedía a gritosque soltaran a su hija; que estaba embarazada, les decía. “Váyase para adentroo la llevamos también a usted”, le dijo uno de los soldados según consta enoficios judiciales.
La hermana mayor de Karla se había asomado por una ventanade la casa que da a la calle cuando ocurrió el arresto. Fue ella quien vio elrodillazo de los soldados en la espalda de Karla Raquel.
Anatalia se recompuso, tomó un bus y se fue a Sonsonate, lacapital departamental cercana a Las Tablas. Después de dar vueltas por elcentro judicial del lugar y por la sede del 911, el sistema policial deemergencias, alguien le dijo que Karla Raquel estaba en una carceleta policial.Durante meses, Anatalia solo sabría de su hija, que estaba viva, por losescasos monosílabos de empleados judiciales que se apiadaron de ella. Así, porreferencia vagas, supo que se habían llevado a Karla a un centro de resguardopara mujeres jóvenes en la periferia este de San Salvador.
La mujer reunió algún dinero y empezó a viajar a lapenitenciaría, a unas tres horas en bus, para intentar ver a su hija. No ladejaron. Sí le permitieron pasarle paquetes con comida que Anatalia compraba enuna de las tiendas aledañas al lugar. Infobae ha publicado que la DirecciónGeneral de Centros Penales (DGCP) del gobierno Bukele controla una red detiendas y de entrega de alimentos e insumos básicos por cuyo uso los familiaresde los presos tienen que pagar hasta USD 170 cada vez que quieren enviar algodentro de las cárceles. Una empleada del reclusorio, recuerda Anatalia, ledijo que como Karla estaba embarazada le permitirían pasarle fruta y refuerzosvitamínicos.
Cada vez que podía reunir el dinero para el pasaje y elpaquete de comida y víveres, Anatalia viajaba hasta la cárcel. Fue en unade esas visitas, a finales de julio, que una de las empleadas del reclusorio ledijo que Karla Raquel había perdido el bebé.
Harta de no tener noticias, el 14 de octubre de 2022,Anatalia Cáceres, acompañada de familiares, se plantó frente al portón delCentro de Resguardo Virginia Pelletier y grabó un video para elpresidente Bukele. “Aunque sea cinco minutos sáquela para ver que ellaestá viva y sobrevivió la pérdida de su hijo, que es una cosa tan grave. Esun delito que usted ha cometido. Usted ahora tiene un delito por haberla metidoa este lugar y perdió a mi nieto”, dijo la mujer agobiada por el llantomientras sostenía en sus manos USD 300. Anatalia Cáceres fue una de miles desalvadoreños que recibieron esa cantidad del gobierno durante la pandemia deCovid-19. Aquel día, la mujer ofreció a Bukele regresarle el dinero a cambio deque la dejara ver a su hija.
Karla Raquel García Cáceres. Fotos reproducidas con permisode la familia.
“Le pedí al presidente que la sacara. Está bien que agarrena los que tienen crímenes, pero no que la hayan agarrado a ella que no tienenada que pagar”, recordó Anatalia durante una conversación con Infobae aprincipios de marzo de este año.
Dos días después de que Anatalia Cáceres exigió laliberación de su hija, el presidente Nayib Bukele se reunió con sugabinete de seguridad y otros funcionarios en casa presidencial. Durante unacharla con sus funcionarios, que el aparato de propaganda del gobiernoreprodujo, Bukele habló del caso de la joven. “Apareció ahí un caso de unajoven embarazada que dijeron que le hicimos perder su bebé, y hasta sacaron auna señora que le dieron un dinero… Bueno, me pasaron un reporte y la jovenestá bien, está siendo cuidada en su salud desde el inicio… No hay nada que seaimputable a nosotros…”, dijo Bukele antes de alegar que todo era un“caballito de batalla” montado por la oposición política.
El presidente se cuidó de mencionar que Karla Raquel habíaabortado estando en custodia del Estado de El Salvador. Eso o no estaba en elinforme que le pasaron o el presidente lo obvió.
En aquella reunión en la casa presidencial tambiénestaba Raquel Caballero de Guevara, la procuradora de DerechosHumanos elegida por los diputados de Bukele a pesar de que fue sancionadapor el Tribunal de Ética Gubernamental por emplear a sus familiares en puestospúblicos. El 21 de marzo pasado, la procuradora reveló que ella es parte de una“mesa interinstitucional” con funcionarios de Bukele y que es esa mesa, no lostribunales como está establecido en la ley, la que decide sobre la libertad depersonas detenidas durante el régimen de excepción. Caballero de Guevara nuncaha mencionado el caso de Karla Raquel García Cáceres ni se ha interesado por lamenor, según Jaime Ernesto Zavaleta, vocero de la familia.
El 18 de octubre de 2022, Suecy Callejas, vicepresidentade la Asamblea Legislativa y una de las diputadas más cercanas a Bukele,también se refirió al caso de Karla Raquel. La legisladora, haciendo suyos losseñalamientos de la fiscalía y refiriéndose también a un “informe” que habíarecibido, acusó a la menor de estar asociada a pandillas e insinuó que KarlaRaquel había perdido a su bebé quince días antes de entrar a la cárcel, lo cualha sido desmentido por los documentos del Hospital Nacional SanBartolo anexos a una resolución de la Corte Suprema de Justicia. Canalesde Facebook y Youtube y decenas de cuentas de Twitter afines al gobiernoreprodujeron sin parar las declaraciones de Callejas.
“La adolescente es una pandillera activa… Al momento deentrar al centro en donde se encuentra se revisa a todos los adolescentes queentran… en su caso no iba con golpes. La adolescente presentó un sangradoanterior a la detención que ya llevaba quince días y ahí empezó a recibir laatención…”, dijo la diputada bukelista al referirse a Karla Raquel durante unadiscusión legislativa previa a una nueva prórroga del régimen deexcepción. La familia niega que Karla Raquel haya sangrado antes de que laarrestaran, una empleada penitenciaria confirmó a Anatalia Cáceres que su hijaestaba embarazada cuando entró al reclusorio y el legrado se practicó el 22 dejulio de 2022, dos días después de iniciado el sangrado. En los documentosjudiciales a los que Infobae ha tenido acceso no consta que haya habidoatención médica fuera de la cárcel antes de esa fecha de julio, pero sí uncertificado de exámenes posteriores al legrado según los cuales el estadoactual de Karla Raquel es estable.
Casa Karla Raquel. Fachada de la casa de la familia Cáceresen Las Tablas, Sonsonate, El Salvador. Ahí fue arrestada la menor Karla GarcíaCáceres.
Anatalia Cáceres pudo ver a su hija hasta el primero denoviembre de 2022. La vio de lejos cuando llevaron a la menor a una audienciaen el centro judicial de Sonsonate. Once días después, en otra audiencia, pudohablar unos momentos con Karla Raquel; fue entonces que su hija le contóque había perdido al bebé, que la habían llevado al hospital dos días despuésde que le empezó el sangrado, que “la limpiaron y la mandaron de regreso”.
En enero de 2023, Anatalia pudo ver de nuevo a su hija enuna videoconferencia organizada por el tribunal de apelaciones que está a cargodel expediente por ahora. Cuenta que volvió a verla pálida y desmejorada,pero que al menos le quedó la tranquilidad de que Karla Raquel aún está viva.
El próximo lunes 27 de marzo El Salvador cumplirá unaño bajo régimen de excepción, el cual ha limitado los derechos de defensa ydebido proceso a decenas de miles de personas. Cada vez que funcionarios delgobierno como la diputada Callejas se refieren a los arrestos durante elrégimen especial aseguran que todos los detenidos son pandilleros cuando a lamayoría aún no los ha condenado un juez.
Para Juan Pappier, de HRW, el caso de Karla Raquel GarcíaCáceres habla de lo fácil que es para un gobierno como el salvadoreño vulnerarderechos. “Es un ejemplo muy claro y crudo del grado de avasallamiento yvulneración que sufren las personas que han sido detenidas arbitrariamentedurante el régimen de excepción en El Salvador. Lamentablemente, lo que le haocurrido a Karla y a su familia es una prueba de lo que sucede cuando no haycontrapesos y salvaguardas democráticos que puedan frenar las violaciones dederechos humanos y el abuso de poder”, dice.
El caso judicial contra Karla Raquel tiene reserva porqueella es menor de edad, pero la ley salvadoreña garantiza acceso al expediente atodas las partes y da al juez potestad de pedir información a otros entesestatales. Por alguna razón, sin embargo, el expediente médico completo dela menor sigue siendo un secreto, por ahora incluso para el tribunal.
Y, como en decenas de otros arrestos, en este la principalprueba es lo dicho por los agentes que realizaron captores, que en el caso deKarla Raquel ni siquiera son los mismos que rindieron informe ante el tribunal.La propaganda bukelista, además, ha circulado fotos de una joven tatuada comopandillera insinuando que es Karla Raquel, pero ella, la adolescente queabortó en una cárcel de Bukele, no tiene tatuajes.