El panel de jueces ordenó que el Tribunal Federal emita una determinación sobre los argumentos de la defensa de Pina, de que no representa un peligro de fuga o de peligro para la comunidad, informa el periódico Un Nuevo Día.

Señaló que la determinación del juez Francisco Besosa negó la fianza en apelación porque la apelación no presenta una “asunto sustancial” en derecho que pueda resultar en una revocación del veredicto de culpabilidad.

Sin embargo, la orden de Boston destacó que “el tribunal de distrito no atendió si ‘por evidencia clara y convincente’” el acusado pudiera estar bajo fianza porque “‘no escaparía o no presenta un peligro a la seguridad de cualquier persona de la comunidad’”.

En ese sentido, los jueces apelativos plantearon que la evaluación de Boston a la solicitud de fianza se beneficiaría de “un desarrollo de esos asuntos” a nivel del tribunal de federal en San Juan.

Por esa razón, dispuso que “el asunto de la fianza sea devuelto al tribunal de distrito” para que “someta una resolución suplementaria de la fianza atendiendo los asuntos de riesgo de fuga y de peligrosidad, después de conducir los procedimientos que el tribunal considere necesarios”.

Asimismo, Boston estableció que la orden de Besosa debe emitirse lo más pronto que sea posible.

En los cinco días posteriores a la orden, la defensa de Pina tendrá que someter un informe de 15 páginas o menos reaccionando a la resolución de Besosa. Luego, el Ministerio Público tendrá cinco días para presentar su informe en respuesta.

En informes previos, ya la defensa había argumentado que Pina no representa riesgo en ninguno de los dos renglones. Como ejemplo, planteó que el mismo juez Besosa le permitió permanecer bajo fianza desde que fue encontrado culpable en diciembre hasta que fue sentenciado en mayo pasado.

Por su parte, la fiscalía ha argumentado que sí representa un riesgo de fuga por tener recursos económicos y de transporte para evadir la jurisdicción del tribunal, además de lazos familiares en República Dominicana, mientras que considera como un “delito violento” el cargo de posesión ilegal de un arma de fuego encontrada en una casa que le pertenece en Caguas.