El recurso sostiene que las medidas de la administración republicana “lejos de promover la seguridad pública” corren el riesgo de socavarla al “incitar la indignación pública”. Con este argumento, las autoridades estatales buscan impedir que se materialice la orden de Trump de enviar tropas a Portland.

El anuncio presidencial se produjo el sábado, en medio de protestas frente a un centro de detención de ICE en la ciudad, donde manifestantes han respondido a decisiones recientes del mandatario, incluida la designación de Antifa como grupo terrorista.

De concretarse, Portland se sumaría a Los Ángeles, Washington DC y Memphis, urbes de mayoría demócrata en las que ya se desplegaron militares.

La medida generó un inmediato rechazo en Salem. El fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, advirtió en la red X que cientos de integrantes de la Guardia Nacional del estado han sido convocados para cumplir funciones federales.

Detalló que el secretario de Defensa envió un memorando a la gobernadora Tina Kotek autorizando a 200 de ellos a operar durante 60 días.

Rayfield cuestionó directamente la decisión del Pentágono y sostuvo que la intervención es innecesaria. “Las comunidades de Oregón son estables, y nuestras autoridades locales han sido claras: tenemos la capacidad de manejar la seguridad pública sin interferencia federal”, afirmó.