SAN FRANCISCO DE MACORÍS – El proceso legal contra el doctor Wilber Armando Polanco Sánchez suma nuevas complicaciones. El abogado representante de tres mujeres que denuncian haber sido víctimas de abuso sexual por parte del galeno, denunció públicamente que enfrentaron serias dificultades para que el Ministerio Público aceptara la querella formal.

Denuncias en el olvido desde 2019

Según las declaraciones del jurista, dos de sus representadas, Lucida Plácido Rodríguez y Teresa Domínguez Javier, ya habían interpuesto denuncias contra Polanco Sánchez en el año 2019 ante la Unidad de Violencia de Género de la Fiscalía de Duarte. Sin embargo, tras casi siete años, las víctimas aseguran haber quedado en un estado de «orfandad y abandono», sin recibir respuesta ni respaldo por parte de las autoridades.

El resurgimiento del caso se dio luego de que una nueva víctima hiciera pública su denuncia recientemente, lo que motivó a las querellantes anteriores a retomar su lucha por justicia al verse reflejadas en la nueva situación.

Cuestionamientos al Ministerio Público

El abogado criticó duramente la actuación del organismo persecutor, cuestionando por qué no se incorporaron estas denuncias previas en la medida de coerción actual. «Tuvimos que notificar la querella para que pudieran recibirla. No sabemos qué esconde el Ministerio Público», afirmó el defensor legal.

Entre los puntos más destacados de su declaración se encuentran:

Vigencia legal: El abogado aclaró que los casos de 2019 aún no han prescrito, dado que las penas por los delitos imputados oscilan entre los 3 y 10 años.

Supuesto archivo: Sobre los rumores de un posible archivo de los expedientes anteriores, el abogado aseguró que no han recibido ninguna notificación oficial al respecto.

Derechos Fundamentales: Se denunció la vulneración de derechos constitucionales (Artículos 38, 42, 68 y 69 de la Constitución) debido a la falta de respuesta a las víctimas dominicanas.

Próximos pasos legales

La defensa anunció que se presentará en la audiencia de medida de coerción programada para mañana, invocando los artículos 84 y 85 del Código Procesal Penal para hacer valer los derechos de sus representadas. De persistir la negativa de la fiscalía, acudirán directamente ante el Juez de Atención Permanente, amparados en que la ley actual permite al juez decidir sobre la recepción de una querella cuando el Ministerio Público se niega a hacerlo.

«Estamos aquí para hacer valer las leyes y la Constitución de la República Dominicana», concluyó el jurista.